Mitos y verdades del aporte solidario de las grandes fortunas

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Todo transcurrió durante la misma semana. El contraste entre los que más tienen y los más postergados quedó al mismo tiempo a la vista en la agenda pública, sin que muchos hayan notado el panorama completo: fue una semana donde quedó a la vista la desigualdad en la distribución. El Congreso de la Nación discutió un aporte solidario de las 9.000 personas más ricas del país en el marco del impacto extraordinario que ha generado la pandemia. A la vez el Indec dio a conocer la valoración de la canasta básica, la cual indica que una familia de cuatro integrantes necesita $20.710 para no ser indigente y $49.912 para no ser pobre. Por último el gobierno anunció que los jubilados recibirán un aumento del 5% en diciembre que colocará el haber mínimo en $19.035, lo que tácitamente implica que los jubilados que perciben la mínima (68% del total), son virtualmente indigentes.

Cualquier analista foráneo imaginaría que con semejante escenario, si existe un momento propicio para solicitar un aporte extraordinario a los que más tienen, ese momento transcurre en 2020. Por el contrario, la discusión legislativa se convirtió una vez más en el campo de batalla de antagonismos ideológicos irreconciliables.

Mitos y verdades

El proyecto que esta semana recibió media sanción en Diputados, estipula un aporte extraordinario y por única vez, del 2% para quienes hasta el momento de entrada en vigencia de la ley hayan declarado un patrimonio superior a los $200 millones. Se estipula además un incremento progresivo de la alícuota que en el máximo llega al 3,5%.

Entre los impulsores del proyecto estiman que el gravamen alcanzará a 9.300 personas, y que la recaudación sería de unos $300.000 millones. La cifra equivale al 15% del gasto público extraordinario en 2020, a fin de contener la pandemia. El destino de lo recaudado será entre otras cosas para el incentivo a las pequeñas y medianas empresas, adquirir equipamiento sanitario, y para fortalecer la implementación del Plan Gas.

A la espera de lo que pueda suceder en la segunda mitad del debate legislativo que tendrá lugar en la Cámara de Senadores, vale la pena repasar algunos de los argumentos esgrimidos esta semana, y contrastarlos con los datos y estadísticas disponibles.


“No es un aporte solidario, es un nuevo impuesto”.

Entre quienes se oponen al proyecto, primó la idea de que lo que se debate es un nuevo tributo, en tanto el Estado impone el pago, el contribuyente no puede negarse, y no existe contraprestación directa alguna de parte del sector público. Lo cierto es que se trata de un pago por única vez, y que los impuestos en general tienen carácter de permanente. No obstante, los argumentos en relación a que se trata de un nuevo impuesto tienen asidero. La discusión luce meramente semántica: el nombre elegido se relaciona más con el momento que atraviesa el país y el mundo, que con el carácter impositivo que efectivamente tiene la contribución.


“Desincentiva la producción”.

Otro de los razonamientos más usados para oponerse giró en torno al efecto contractivo que podría tener un nuevo impuesto sobre el nivel de inversión.

En este sentido lo primero que hay que señalar es que se trata de un impuesto que recae sobre las personas y no sobre las sociedades. En otras palabras, es un aporte que no deben realizar las empresas, sino los dueños de las (grandes) empresas. Mal podrían las corporaciones argumentar una reducción de la inversión con base en la situación patrimonial de sus dueños. A todas luces es un argumento débil.

En segundo lugar, lejos están las 9.300 personas alcanzadas de componer la matriz productiva nacional. Los últimos datos publicados en el Ministerio de Producción de la Nación indican que el 83% de las empresas argentinas son Pymes y que las mismas generan más del 70% del empleo registrado. El impuesto en cuestión no recae sobre los dueños de este segmento de empresas.

Por el contrario, el “aporte solidario” grava a las personas que ostentan el mayor patrimonio en Argentina. Los cálculos preliminares indican que la mitad de la recaudación total por el nuevo impuesto será aportada por apenas 253 personas, a quienes sin titubear podría catalogarse como “los dueños de la Argentina”.

Un dato no menor, es que se estima que el 83% del patrimonio de esas 253 personas, se encuentra radicado en el exterior, con lo cual el verdadero interrogante debería ser ‘cómo se las arreglará el Estado para lograr que los alcanzados por el impuesto hagan efectivo el pago del mismo’.


“Los ricos ya pagan demasiados impuestos en Argentina”.

Se argumenta que el “aporte solidario” grava el patrimonio, lo que incrementa la presión fiscal sobre los que más tienen, haciendo de Argentina uno de los países del mundo en que se paga más impuestos sobre la riqueza.

El patrimonio está alcanzado en Argentina por el Impuesto a los Bienes Personales con una alícuota máxima del 2,5% y a ello se suma el Impuesto a las Ganancias, cuya alícuota máxima es del 35%. Si se considera que ciertos tributos provinciales como el Impuesto Inmobiliario gravan también el patrimonio, puede aseverarse que en Argentina la presión fiscal sobre la riqueza es de entre el 37,5% y el 40%.

El mapa que acompaña la nota revela la presión impositiva sobre la riqueza que existe en los principales países del continente europeo. En ninguno de los casos, la presión fiscal es menor al 40%, y en algunos casos supera largamente el 50%.


El reconocido economista francés Thomas Piketty autor del best seller “El capital en el Siglo XXI”, sugirió el año pasado la implementación de un impuesto del 90% sobre el patrimonio de los más ricos de Europa. Según sus cálculos ello permitiría financiar una herencia de €120.000 a los 25 años para todos los habitantes. Solo imaginar una propuesta semejante en Argentina le valdría a Piketty (siendo benévolos) el mote de populista, marxista, o revolucionario. Sucede que Piketty nació en Francia, lejos está de ser afectado por “la grieta vernácula”.

Es evidente que la presión fiscal sobre la riqueza en Argentina, está a tono e incluso por debajo del registro en aquellos países que habitualmente se utilizan como modelo a seguir.

El segundo gráfico adjunto muestra como dato adicional, la forma en que durante los últimos 17 años se ha reducido la incidencia del Impuesto a los Bienes Personales en la recaudación total. El dato implica que la presión fiscal total a lo largo de los años, se ha distribuido sobre el resto de los contribuyentes, alivianando la carga sobre el patrimonio de los que más tienen.


“Argentina es el único país del mundo que genera un tributo sobre la riqueza a raíz de la pandemia”.

Fue otra de las sentencias que se escuchó en medio del debate legislativo. Un documento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realiza un sencillo repaso de las iniciativas legislativas similares que se encuentran en marcha en países de la región y del mundo. Se señala por ejemplo que en Chile la oposición impulsa una iniciativa para gravar con un 2,5% a los patrimonios mayores a los u$s 22 millones. En Brasil la oposición busca gravar con el 2,5% a los patrimonios mayores a 50 millones de reales. En España el oficialismo impulsa un gravamen del 3,5% para patrimonios mayores a €10 millones. En EEUU, el Presidente electo Joe Biden propuso en su plataforma un impuesto del 1,5% para empresas con ganancias superiores a los u$s 100 millones que no pagan impuestos federales.

Puesta en contexto, la iniciativa que se debate en Argentina no parece desentonar con aquello que se discute en todo el mundo en relación al enorme golpe que el virus asestó sobre los que menos tienen, y acerca de la necesidad de lograr la “empatía” de aquellos para los que a lo sumo el 2020 habrá sido un año de menores utilidades.

Apostillas políticas

Toda medida económica es política. A diferencia de lo que muchos economistas pretenden, es imposible separar la dinámica de los modelos econométricos de las relaciones de poder. Menos aún en Argentina, donde existen posiciones a priori irreconciliables acerca del rumbo económico pasado, presente y futuro.

Al respecto, una expresión vertida en la cuenta oficial de Twitter de los Diputados del PRO, fue el condimento político durante el debate en la Cámara Baja. “Casi la mitad de los diputados nacionales defendemos al sector que genera empleo e inversiones en nuestro país” expresaba el mensaje (borrado a las pocas horas trás el revuelo), y a continuación una pirámide con una minúscula punta pintada en rojo aclaraba “0,02% del país”.

Solo por si hacía falta, la bancada opositora aclaró así su posicionamiento en defensa de la pequeñísima minoría más poderosa del país, en detrimento del restante 99,98% de los habitantes. Una minoría en la que sin lugar a dudas se incluye al ex Presidente y multimillonario Mauricio Macri, pero a la que también pertenece por ejemplo Máximo Kirchner, uno de los autores del proyecto de “aporte solidario”. El hijo de la Vice Presidenta Cristina Fernández declaró en el mes de octubre un patrimonio de $292 millones. Paradojas de la política argentina, los diputados de Juntos por el Cambio defendiendo a Máximo Kirchner del impuesto que él mismo impulsa.

Párrafo aparte, para el rol que juega el Presidente Alberto Fernández en la discusión. La delicada situación que atraviesa la economía nacional y la necesidad de contar con manos amigas en medio del temporal, indicarían que no es buen momento para romper los puentes con quienes manejan los hilos del capital en Argentina.

El Presidente mostró su intención de acercar posiciones con el sector empresario en el convite a los hombres de negocio durante el festejo del 9 de Julio, y con su asistencia al Coloquio de IDEA. La iniciativa que se debate no le pertenece y en algún punto le incomoda. Es el precio que debe afrontarse cuando se es parte de una coalición heterogénea en la que los resortes del poder son compartidos.

0,02%
El porcentaje de los habitantes argentinos alcanzados por el impuesto, segun lo señalado por la bancada de los diputados opositores.
$300.000
Los millones a recaudar, que se destinarían al incentivo productivo pyme y al “Plan Gas”.


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Fuente: Río Negro